Conclusiones y recomendaciones

El segundo año del gobierno de Iván Duque se caracterizó por la agudización de la violencia en el país. Tanto, que la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia registró, en el primer semestre de 2020, 33 masacres y al menos 97 homicidios contra personas defensoras de derechos humanos. A la vez, la Misión de Verificación en Colombia, también de la ONU, señaló el homicidio de 41 personas en proceso de reincorporación en ese mismo  periodo.

Además, por el manejo dado por el Gobierno nacional a la pandemia causada por el brote mundial de la covid-19, se han puesto aún más en evidencia las profundas desigualdades sociales y el talante autoritario del presidente y su partido. Duque, con sus medidas, se ha orientado a fortalecer al sector financiero, en vez de garantizar el derecho a la salud y una renta básica para la subsistencia de los sectores sociales vulnerables.

El incumplimiento gubernamental con el compromiso de la implementación del Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final), firmado en 2016, puede explicar muchos de los graves problemas que se han recrudecido y profundizado en el país: la violencia, con una expresión acentuada en masacres; la inequidad, la pobreza, el riesgo serio del equilibrio de poderes, el manejo fiscal, la deforestación o los retrocesos en derechos como a la paz, la vida, la libertad, a la no discriminación, a la salud, la educación, la alimentación, al acceso al agua, y más. A lo largo de este informe, se mostró que salir de las distintas crisis requiere de esfuerzos urgentes en los que deben comprometerse las fuerzas políticas, sociales y económicas del país. Desde las plataformas nacionales de derechos humanos, hacemos algunas recomendaciones al  respecto.

Para superar la pandemia del  autoritarismo

Las medidas de excepción adoptadas por el gobierno de Iván Duque para hacer frente a la covid-19, permitieron que el presidente y su partido utilizaran los poderes extraordinarios conferidos al poder ejecutivo para gobernar y legislar por decreto, sin controles políticos o judiciales oportunos y fuertes. Esto le permitió aplicar medidas que afectaron derechos y que no había conseguido que se aprobaran antes de esta coyuntura por no contar con las mayorías parlamentarias necesarias y ante una importante movilización social que las rechazaba. Pudo, también, favorecer al sector financiero en detrimento del sistema de salud y de la mayoría de las y los colombianos, a quienes no cubre ningún programa de alivio social.

Es urgente que el Congreso de la República ejerza el control político y utilice sus competencias para revisar, modificar y derogar una parte importante de la normatividad expedida por el poder ejecutivo. Así mismo, se requiere con urgencia el control que debe hacer la Corte Constitucional y un examen más rápido de toda la normatividad, con pronunciamientos de fondo que permitan los necesarios contrapesos que la grave situación de emergencia sanitaria requiere.

Las disposiciones adoptadas por parte del Gobierno nacional para hacer frente al brote mundial de la covid-19 han sido deficientes y equivocadas. No se contuvo su llegada al país cuando había podido hacerse; no se adelantaron las adecuaciones necesarias para la atención de las necesidades en términos de pruebas, capacitación del personal de salud, ampliación de cobertura hospitalaria; no se destinaron recursos para investigaciones sobre posibles tratamientos, en los que el conocimiento ancestral hubiera podido contribuir. Mientras los actores centrales en la salud sigan siendo las Entidades Promotoras Salud (EPS), el sistema continuará debilitado. Se requiere un amplio debate, con participación de la sociedad colombiana, para reformar el sistema de salud en la perspectiva de la salud pública, superar sus bases actuales que son el mercado y la intermediación financiera. Las dificultades de conectividad, la ausencia de apoyo pedagógico a las y los docentes, la poca diferenciación en relación con las medidas de distanciamiento y cuarentena han afectado el derecho a la educación de un porcentaje muy importante de niños, niñas y jóvenes en el país. No es claro todavía en cuánto puede estimarse la pérdida de desarrollo humano por este hecho. Sin embargo, el gobierno ha desoído propuestas provenientes del ámbito educativo, incluida la matrícula cero para el estudiantado de las universidades públicas; la revisión de esos costos para los centros privados, el apoyo y adaptación pedagógica y didáctica de currículos, programas y evaluaciones y otras.

Entre las serias afectaciones económicas que ha dejado la pandemia, comenzamos por destacar un decrecimiento de más del 10 % en el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Y si al número de personas desempleadas reportadas por la institución responsable de las estadísticas (DANE) sumamos los nuevos inactivos (datos de mayo de 2020), más de 8 millones de personas salieron del mercado laboral: una explosiva tasa de desempleo del 32 %. Sin embargo, las medidas que ha adoptado el gobierno al respecto, hasta ahora, se dirigen a brindar garantías, en primer lugar, a las entidades financieras, y en segundo, a las grandes empresas y los holdings. (Al cierre de esta publicación se conoció que el Gobierno aprobó un préstamo a la empresa de aviación Avianca por US $ 370 millones. Monto más alto que el de los ministerios de Ciencia y Tecnología, de Cultura, del Deporte, entre otros.) Las micro, pequeñas y medianas empresas (que generan el 90 % del empleo en el país) quedan después. Y en ningún lugar, los trabajadores y el sistema de salud.

Tal situación requiere, además de un examen minucioso de las consecuencias de estas medidas, de una reforma  tributaria estructural que se ciña a los principios constitucionales de progresividad vertical, equidad horizontal y eficiencia administrativa. Lo primero que se necesita contemplar es el desmonte inmediato de los beneficios tributarios otorgados en la mal llamada Ley de crecimiento.

Otro de los retos del  Gobierno nacional es  garantizar  ingresos económicos a los millones de personas pobres que están en aislamiento social desde el 20 de marzo de 2020, que no pueden trabajar desde sus casas y  han  perdido sus empleos. Desde diversos sectores políticos, académicos y sociales se ha propuesto una alternativa viable: adoptar una Renta Básica Universal. Además de ser un potente instrumento de justicia social, tiene unas posibilidades incalculables para mantener estándares mínimos de dignidad y derechos en la sociedad colombiana. Contribuiría, sin dudarlo, a que poblaciones marginadas, con hambre y  desnutrición, sin  acceso a agua potable y saneamiento básico puedan, en alguna medida, garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales al alimento, a un agua de calidad y a condiciones de vida digna.

Debe mirarse con mayor atención el uso de las tecnologías  de  información para la recopilación de datos personales por parte de los gobiernos, tanto el nacional, como los locales. En primer lugar, para el diseño, despliegue e implementación de soluciones tecnológicas, se debe garantizar transparencia; indicar los fines de su despliegue, cómo funcionan y cómo encajan, en la situación de la pandemia, en las estrategias epidemiológicas nacionales o locales. La transparencia debe ser tal, que permita a las personas, tanto el seguimiento y control de ese despliegue, como de su eventual éxito o fracaso, mejoramiento o retiro. Los gobiernos

deben basarse en un análisis de impacto en derechos, lo que va más allá del cumplimiento de las normas de protección de datos; exige mitigar la posible tensión entre el derecho a la salud pública y otros derechos. Las soluciones tecnológicas deben poderse tomar en forma voluntaria y complementaria y tener período de prueba y evaluación. Además, se requieren, de parte de quienes las definen y las administran, compromisos excepcionales sobre no compartir ni usar estos datos en ámbitos distintos a las de la emergencia sanitaria.

La crisis generada por la covid-19 ha mostrado también la fragilidad en la que zonas de frontera o en las que hay muy escasa presencia del Estado. Los casos de los departamentos de Amazonas, Chocó y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son paradigmáticos. Allí, además de no contar con equipamientos básicos de salud, la mayor parte de su población hace parte de pueblos étnicos y raizales. El Estado debe concertar con estos pueblos las medidas necesarias para fortalecer el sistema de salud, garantizar de manera plena sus derechos y, en medio de  la  pandemia, robustecer el mecanismo de consulta previa, indispensable en la adopción de medidas adecuadas a las características específicas de estos territorios.

Lograr garantías efectivas para las personas defensoras

Se busca, en distintos ámbitos, imponer un estado de miedo para impedir que la población actúe colectivamente por mejorar sus condiciones de vida. Es lo que se observa con el aumento de la violencia represiva, el asesinato de las lideresas y líderes sociales, las facultades crecientes a las fuerzas militares y de policía para contener, mediante  sus agresiones, la inconformidad y la protesta social y con la apelación a métodos ilegales y extrainstitucionales (espionaje ilegal, ejecuciones extrajudiciales, favorecimiento del paramilitarismo). Además, con el argumento de garantizar el aislamiento social y el confinamiento obligatorio, se han otorgado nuevas facultades a las fuerzas militares y se ha incrementado la militarización en el país. Siguen en aumento los abusos de la fuerza pública y el terror paramilitar.

Todo esto ha redundado  en  el deterioro sensible de los derechos humanos y de la situación de las personas que los defienden. Se requiere una política pública de garantías para las personas defensoras en todas las regiones del país, que sea el resultado de su más amplia participación e incorpore los enfoques diferenciales y territoriales. Hacer un diagnóstico mediante un análisis multicausal de la problemática, que oriente una política asertiva para hacerle frente. El enfoque de esta política  debe partir de la seguridad humana, por encima de la seguridad basada en la militarización de los territorios. Resulta fundamental para crear entornos seguros a las personas defensoras la implementación integral de los mecanismos de garantías establecidos en el Acuerdo final, entre estos, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la  política  pública contra la estigmatización y las garantías para la protesta social. Las campañas de sensibilización en torno al valor, el reconocimiento y la legitimidad de los liderazgos sociales son claves para la prevención de riesgos las personas defensoras su protección y para darles  garantías.

Es necesario hacer una evaluación de la oferta institucional existente en materia de garantías y de los resultados de la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO), de manera que se pueda contar con una sólida base para la deliberación y la recolección de insumos en todos los territorios del país. Las investigaciones judiciales y de control por los ataques contra personas defensoras de derechos humanos deben analizarse en contexto y no como casos aislados; identificar los patrones de acción, el modus operandi, la recurrencia y persistencia y, en consecuencia, la sistematicidad; identificar las estructuras responsables e intereses detrás de los crímenes y sancionar a los autores materiales e intelectuales, para evitar la repetición de los  crímenes.

Las defensoras de derechos humanos en Colombia continúan enfrentando riesgos desproporcionados y extraordinarios de género que las afectan de manera diferencial. El Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIGMLD) se aprobó como instrumento de política pública y el marco del proceso de construcción participativa la Comisión Intersectorial de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos hizo entrega del Plan de Acción 2019–2022 del PIGMLD. Para avanzar en su implementación y las acciones que debe adelantar, se debe garantizar la autonomía técnica y presupuestal, involucrar a gobernaciones como primeros respondientes ante situaciones de riesgo, establecer el mecanismo de selección de las defensoras que se beneficiarán de manera oportuna de las medidas establecidas en el Plan, garantizar oferta institucional específica para las defensoras por parte de las entidades responsables en el plan de    acción y establecer el mecanismo formal de seguimiento participativo del PIGMLD, que integre a las organizaciones del movimiento social de mujeres.

En la sesión de 2019, el Comité Cedaw expresó su preocupación por las vulneraciones de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Colombia: “discriminación, amenazas y agresiones generalizadas”. Para combatir estas prácticas, formuló siete recomendaciones que debe cumplir el Estado colombiano, entre ellas, capacitar a los funcionarios encargados de tramitar solicitudes de matrimonio para que garanticen los derechos de las parejas del mismo sexo, adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional y la inclusión de programas para la enseñanza de los derechos de las mujeres LBT en el sistema nacional de convivencia escolar; implementar la política pública nacional para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas LGBT (Decreto 762 de 2018). Para este efecto, el Ministerio del Interior deberá elaborar, con la participación activa de las organizaciones de derechos humanos y en especial las que trabajan los derechos de mujeres lesbianas, bisexuales y trans, un programa y un cronograma para avanzar en la formulación del plan de acción que articulará a todas las instituciones responsables de su materialización. Los organismos de investigación y control deben incluir lineamientos específicos para investigar los ataques contra personas LGBT, defensoras de derechos humanos. Las medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) deberán tener en cuenta los riesgos y necesidades diferenciales de las defensoras y defensores LGBT.

Durante el segundo año de gobierno de Iván Duque, persistieron las operaciones ilegales de la inteligencia militar y de organismos de seguridad del Estado, lo que demuestra la sistematicidad de la práctica en estos organismos.   Se requiere una reforma estructural de la fuerza pública, de su doctrina de seguridad, así como de los procedimientos de ascenso. A la no repetición de estas prácticas contribuyen la desclasificación, corrección y entrega de los archivos de personas y organizaciones de derechos humanos recolectados por organismos estatales de seguridad; también, medidas legislativas para el acceso de información a la ciudadanía sobre estas actividades. Se debe fortalecer un sistema institucional de controles civiles y rendición de cuentas que impida el uso de la inteligencia y contrainteligencia del Estado, así como de las nuevas tecnologías digitales en función de la persecución política y la ejecución de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Se deben impulsar medidas que contribuyan a la desmilitarización de la vida social, el desmantelamiento de las redes corruptas al interior de las fuerzas militares, lo que incluye la protección y plenas garantías para personas que dentro de esas fuerzas y las de policía reclaman transparencia y rectitud en las instituciones castrenses, y la investigación, esclarecimiento de responsabilidades y su sanción.

Una de las evidencias es que se ha aumentado el riesgo de homicidio y amenaza contra las autoridades tradicionales de  los pueblos étnicos, en  razón  a la defensa de sus territorios y los ejercicios de control que intentan realizar sobre los mismos. La consulta previa libre e informada es un derecho fundamental ligado a la pervivencia física y cultural de los pueblos y naciones indígenas y guarda conexión con la territorialidad ancestral y la naturaleza. Por ello, restringir el alcance de la participación de los pueblos indígenas afecta las decisiones sobre sus posibilidades materiales y simbólicas de vida e incrementa el riesgo de su exterminio físico y cultural. En el gobierno de Duque, es sistemática la vulneración de los derechos humanos y colectivos. Eso se evidencia  en, por lo menos, 84 homicidios a comuneros, guardias y autoridades indígenas. Ante esa situación, urge desmilitarizar los territorios colectivos, cumplir con el Acuerdo final y adoptar políticas públicas para la garantía y protección de estos pueblos. El Gobierno nacional debe actuar conforme a los pactos internacionales y a la Constitución política y garantizar el derecho a la participación, el respeto y garantía del derecho a la consulta previa y a la ley de gobierno propio llamada Pacto para volver al origen aprobada por la Autoridad de gobierno.

La deforestación afecta todas las regiones del país, sus ecosistemas y poblaciones. Urge que la Presidencia de la República cumpla con las órdenes emitidas por la Corte Constitucional con respecto a la deforestación de la Amazonia, donde concentra esta práctica. Entre ellas, formular un plan de acción y un Plan Intergeneracional por la vida. Esos compromisos se delegaron al Ministerio de Ambiente, sin que haya habido avances. Así mismo, se debe acoger la propuesta de la  Procuraduría  General de la Nación para que se declare la emergencia ecológica y climática, lo que implicaría, entre otras medidas, prohibir actividades empresariales en zonas deforestadas. Es fundamental, adelantar un catastro sobre la propiedad rural en el país y la vocación de estas áreas. Eso permitiría gravar el uso inadecuado e improductivo que se haga de ellas y fortalecer las estrategias de manejo comunitario de selvas, en vez de atacar y revictimizar a las poblaciones que viven de estos lugares o cerca de ellos. Además del catastro, formular y aplicar políticas agrarias en clave de justicia social y ecológica, como lo establece el Acuerdo final.

Necesarias garantías democráticas

En el segundo año del gobierno de Iván Duque, quedaron al descubierto los nexos entre elites políticas, narcotráfico y paramilitares. Así lo mostraron varios casos: el de José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe”, y la posible compra de votos para la campaña de Duque, durante la segunda vuelta presidencial en 2018; el de los vínculos entre Guillermo León Acevedo, alias “Memo Fantasma”, reconocido narcotraficante paramilitar, y la empresa de la vicepresidenta de la República y de su esposo. En julio de 2020, se descubrió que al hermano de la vicepresidenta lo condenaron en 1997 en Estados Unidos por tráfico de heroína y que esa información nunca la dio a conocer la funcionaria. Desde los años 80, el régimen político colombiano se ha erigido a partir de esos nexos. Ponerles fin es el único camino para terminar la guerra. Para lograrlo, debe continuar y profundizarse la movilización social y ampliarse el rechazo de la sociedad al poder construido mediante esas alianzas; a la vez, fortalecer la justicia, al punto que logre su desmantelamiento.

La proximidad entre el alto gobierno y los grandes empresarios privados ha desnaturalizado lo público-estatal y se han acentuado la pérdida de bienes públicos y la sumisión del interés general, al beneficio de las grandes empresas privadas. Se requiere poner fin a estas prácticas mediante la mayor participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, el diálogo abierto con todos los sectores de la sociedad y la adopción de mecanismos de transparencia para los funcionarios públicos, como la declaración del conflicto de intereses, o hacer públicas las fuentes de financiamiento de sus campañas políticas, entre otras medidas.

El 25 de octubre de 2019, se adelantó la elección popular de autoridades locales, en la que, con respecto a las elecciones de carácter nacional, hay mayor participación de la ciudadanía. Esta situación se destaca en un país con alto grado de abstención. Eso se explica, en parte, por los altos recursos que se invierten en estas campañas, lo que exige fortalecer los mecanismos de monitoreo,  control e investigación sobre las fuentes lícitas e ilícitas de esta financiación. En zonas de conflicto donde la presencia estatal es mínima, la abstención es muy alta, incluso en elecciones locales; allí, es necesario redistribuir y aumentar los puestos de votación para cubrir centros poblados alejados de las cabeceras municipales. De otra parte, los llamados Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC), que surgieron en estas elecciones, tuvieron más tiempo que los partidos y movimientos políticos para hacer campaña. Por ello, se deben equiparar las reglas de juego y reglamentar a estos GSC. Finalmente, la brecha de participación de las mujeres sigue siendo muy alta; por lo tanto, se debe vigilar y sancionar el incumplimiento de la normatividad que establece la obligación de que en la composición de las listas haya un 30% de mujeres.

En relación con la protesta social, urge la implementación integral del punto 2 del Acuerdo final, sobre la participación política y la apertura democrática. Allí se definen ajustes normativos  para garantizar la movilización y la protesta pacífica. También es central que se establezca la mesa de diálogo para la discusión del pliego presentado en el paro nacional de noviembre de 2019 por el Comité Nacional de Paro y se resuelvan las demandas allí consignadas. Es indispensable, de igual manera, impulsar el debate sobre el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.

El Estado de cosas  inconstitucional  de las cárceles, determinado por la Corte Constitucional desde hace años y no superado, no se resuelve con una política criminal “reactiva, incoherente, ineficiente y populista” que privilegia el aumento excesivo e indiscriminado de penas, la creación de nuevos delitos y la restricción de las medidas alternativas al encarcelamiento. La racionalidad punitiva no es inacción frente al delito, sino el fortalecimiento de la capacidad de  investigación y acusación de la Fiscalía, de manera que se puedan desmontar las estructuras y redes responsables de los crímenes de mayor impacto, garantizar los derechos de las víctimas y luchar contra la impunidad. En una democracia, las penas deben ser proporcionales al daño causado. La política criminal debe partir, entonces, de entender el sistema penal y penitenciario  como   un   proceso resocializador y no como un ejercicio de aniquilamiento de quienes infringen la ley. Urge una discusión pública, con participación de la sociedad civil y en condiciones de deliberación racional y argumentada, donde se incorporen elementos como la racionalización del uso de la detención preventiva mientras se procesa a las personas investigadas; el derecho internacional obliga a los Estados a respetar, proteger y realizar los derechos humanos, siendo la vida y la salud derechos fundamentales, con mayor razón, para las personas privadas de la libertad, pues están en condición especial de sujeción por parte del Estado y, en consecuencia, el Estado tiene la doble obligación de garantizarles sus derechos.

La urgencia de la paz

En materia de implementación del Acuerdo final, se hace cada vez más  evidente el sistemático incumplimiento por parte del Gobierno nacional. En ocasiones, ese incumplimiento se expresa en parálisis; en otras, en  reformas de metodologías y en unas más, en la combinación de políticas de seguridad nombradas de maneras engañosas para hacerlas parecer parte de la implementación del Acuerdo. En este informe, se evidencian, además de los pobres avances, políticas que implican contrarreformas en temas estructurales como el agrario. El presidente Duque pasará a la historia nacional como el que propició de nuevo un escenario generalizado de violencia y que incumplió uno de los acuerdos más importantes que ha alcanzado el Estado colombiano con el respaldo de la comunidad internacional. Es urgente un plan detallado que permita avances visibles en la implementación del Acuerdo final y conduzca al país hacia la transición. Debe el Gobierno nacional asumir el compromiso de apoyar y dotar con recursos a la institucionalidad creada  en el marco del Acuerdo, emprender la reforma rural integral que  allí se   definió y adoptar una política de desmantelamiento de las estructuras paramilitares, además de impulsar las reformas normativas pendientes.

El gobierno de Duque ha asumido la implementación del Acuerdo final a través de una política que bien puede caracterizarse como de simulación de la implementación, que desconoce la naturaleza integral de este proceso y que busca desconocer o reducir los propósitos reformistas, democratizadores y de transformación social del Acuerdo. Además, ha impuesto una política de desfinanciación, comprobable mediante el contraste entre los recursos inicialmente ordenados por el Plan Marco de Implementación y el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018 y los dispuestos por en este gobierno; a eso se agrega la inoperancia  del  trazador  presupuestal  para paz, para hacer seguimiento efectivo a los recursos para la implementación.

Los PDET gubernamentales se encuentran alineados con las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) o “Zonas Futuro”, que responden a una visión del territorio inscrita en la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno y en la que sus problemáticas se conciben como de orden público y se resuelven mediante la conjunción de procesos de militarización con acciones cívico-militares. Es urgente retornar a la senda de la participación de las comunidades en el desarrollo de estas zonas y comprender que sus demandas están orientadas a la garantía de derechos, bienes y servicios y no a la militarización de sus territorios.

En los escenarios de la pospandemia, la sociedad colombiana tiene en el Acuerdo final y en su implementación integral acumulados importantes para enfrentar los problemas sociales agudizados por la covid-19. Tales acumulados se ligan íntimamente con el propósito de la paz completa. Un imperativo para construir la paz en Colombia es concretar la perspectiva de la “solución política” con las organizaciones rebeldes que aún se encuentran en alzamiento armado y habilitar caminos de sometimiento de estructuras de criminales vinculadas a las llamadas economías ilícitas.

Aunque desde muchos sectores de la sociedad se sigue insistiendo en la necesidad de la negociación entre el gobierno y Ejército de Liberación Nacional (ELN), esta posibilidad pareciera cada día más lejana. Entre tanto, las poblaciones de zonas como el Chocó, el Catatumbo, el norte del Cauca, el Pacífico nariñense siguen sufriendo las consecuencias de la confrontación armada entre esa guerrilla  y  las  fuerzas  militares.  Dos caminos se proponen para aliviar, al menos temporalmente, la grave situación de estas comunidades: el de los Acuerdos Humanitarios Territoriales y el cumplimiento de la Resolución 2532 del 1º de julio de 2020 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que exige a los Estados miembros de la ONU propiciar un cese del fuego inmediato y global de los conflictos bélicos, cualquiera sea su circunstancia, y se concibió  como  pausa humanitaria en favor de la población ante la pandemia de la  covid-19.

Si bien el Acuerdo final no incluye medidas específicas para los entes territoriales y la legislación expedida para su implementación, ni otorga un papel protagónico a alcaldes y gobernadores, un número importante de ellos ha dejado plasmado su compromiso con la construcción de la paz territorial. Esto es, también, un logro de las organizaciones sociales en los territorios, que han desarrollado estrategias de incidencia y movilización social para comprometer a los gobernantes locales con la construcción de  la  paz.  Parece que el signo de los próximos dos años será el contraste entre un gobierno central que evade la responsabilidad con la implementación del Acuerdo final y mandatarios locales y organizaciones sociales que apelan a las herramientas que tienen para hacerlos cumplir.

Superar la brecha de las regiones

Uno de los principales y más graves problemas en el departamento de Chocó sigue siendo la actuación de grupos armados y fuerzas militares en contra de la población. Por ello, las organizaciones han venido exigiendo a los grupos  insurgentes, demás actores  armados ilegales y a la fuerza pública, “como gesto humanitario” en su apuesta por construir paz, retirar a los niños, niñas y adolescentes de sus filas y parar las acciones que impliquen las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al DIH, como el confinamiento y desplazamiento forzado y la violencia sexual. En el mismo sentido, demandan al presidente de la República que designe un equipo de expertos para retomar los diálogos con el ELN y con otras estructuras armadas ilegales para que pueda dar respuesta tanto a la implementación del Acuerdo final, como al punto 5 del Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó: “Desmonte de las estructuras ilegales presentes en los territorios”.

En el departamento de Putumayo, desde 2018, ha crecido la presencia y actuación de grupos paramilitares, disidencias de las FARC y grupos narcotraficantes venidos de Nariño. Como en otras regiones del país, la actuación de estos grupos armados ha encontrado en la medida de confinamiento decretada por el Gobierno nacional desde marzo de 2020 a su mejor aliada; las agresiones a la población han aumentado y su control armado del territorio sigue en expansión. En este complejo contexto, las  agresiones a la población, son cotidianas, no solo a manos de los grupos paramilitares, disidencias y narcotraficantes, sino a manos de la fuerza pública, que concentra su actuar en contra de las comunidades, especialmente de las y los cultivadores de coca. Este complejo contexto se ha agravado por los incumplimientos  de los diferentes acuerdos con los campesinos cultivadores de coca y el regreso de la erradicación forzada.

Desde finales de 2017, volvieron los desplazamientos masivos al sur de Córdoba, algo que no ocurría en esta    magnitud desde 2011. Además, masacres, homicidios, desapariciones forzadas y amenazas de reclutamiento forzado. Igualmente, hechos de violencia contra la población civil. Todo esto, pese a que más de 4.000 miembros de la fuerza pública patrullan la zona. Por ello, las organizaciones sociales han rechazado que esta sea una “Zona Futuro” y, más bien, demandan del Gobierno nacional la implementación de las todas las iniciativas que se consignaron en el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR). Las iniciativas de las comunidades reflejan una propuesta de desarrollo territorial basado en la realización de derechos sociales como el derecho a la tierra, al territorio, a salud, educación, agua y alimentación, atendiendo las diferencias étnicas, de género y generación; expresan una apuesta por la economía campesina, familiar y comunitaria, por transformar los factores generadores de violencia y trabajar en escenarios de reconciliación que garanticen la reparación integral. Sin embargo, existen varias interpretaciones sobre cómo alcanzar esto y el debate para la zona en este momento se sitúa entre una implementación del PDET que apunta a ordenar el territorio para el capital o una que lo hace para proteger la vida de las comunidades.

El departamento de Antioquia sigue padeciendo la violencia sociopolítica y sistemática que hay desde hace varias décadas contra los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Las agresiones han sido el resultado de la implementación de la doctrina contrainsurgente, que refiere como enemigos a todas aquellas personas que exigen un cambio social, la construcción de paz y la garantía de los derechos humanos.

La respuesta del gobierno de Iván Duque a la situación del Bajo Cauca  ha sido militarización, erradicación forzada y Plan de Acción Oportuna, política institucional que no dialoga con las necesidades de las comunidades y organizaciones, que desconoce las exigencias de los últimos dos años: cumplimiento integral del Acuerdo final, desmonte del paramilitarismo, no militarización de los territorios y de la vida, negociación con el ELN, inversión social en los municipios, investigación y sanción a los responsables de las agresiones contra los líderes y lideresas.

El Estado de cosas inconstitucional, declarado por la Corte Constitucional en 2017 en relación con el departamento de Guajira sigue vigente. No cesan la crisis humanitaria y los problemas sociales, económicos y de corrupción que allí se viven. El cumplimiento de todas las órdenes de la Corte es lo que debe hacerse de manera inmediata para la superar la crisis.

En el departamento del Cauca, las organizaciones que hacen parte de la Mesa Territorial de garantías han enfatizado en el hecho de que las causas directas de la crisis humanitaria son estructurales, obedecen a disputas de carácter político y económico (legal e ilegal) y a intereses privados que perderían poder ante el avance de la implementación del Acuerdo final, pues eso implicaría abrir paso a nuevas formas de gobernanza y dinámica social enriquecida.

El Catatumbo es la región más visitada por el presidente Iván Duque y el piloto de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación en la implementación de los Programas de Desarrollo  con  Enfoque  Territorial  (PDET).

Sin embargo, es al mismo tiempo un territorio militarizado en el que las comunidades han puesto en evidencia cuatro ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional en menos de dos años. El campesinado le exige al Gobierno nacional que cumpla con los acuerdos pactados con las comunidades y en las negociaciones de paz en lo relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito y un  avance  claro  en  su  relación  con los

PDET. La  única  respuesta  del  gobierno a las exigencias de las comunidades del Catatumbo ha sido la implementación de programas como las “Zonas Futuro” o Catatumbo Sostenible, que, más que ofrecer salidas económicas y alternativas productivas a la hoja de coca, fortalecen la presencia militar en la región que ataca al eslabón más débil mientras deja intactas las estructuras ligadas al tráfico y distribución y consumo de  drogas.